Derecho de defensa

La letrada de oficio designada para la defensa de Miguel Carcaño, presunto asesino de Marta del Castillo, ha renunciado a la defensa “por razones personales y profesionales”. Según la prensa, en caso de que se acepte la renuncia se nombrará un  letrado del turno especial para delitos graves, turno en el que se exige una mayor experiencia profesional.  Supongo que el letrado debía pertenecer a ese turno en todo caso, dada la gravedad del delito que se imputa al acusado.

Todo acusado tiene derecho a ser defendido por un abogado, que le proporcione la mejor defensa posible, derecho que consagra el artículo 24 de la Constitución Española. Esto deben recordarlo todos los ciudadanos, comenzando por los abogados a los que se les pueda encomendar la defensa de un delincuente cuya defensa resulta incómoda. Cuando un letrado está en el turno de oficio debe defender a aquellas personas cuya defensa se le encomienda. Es posible que exístan asuntos en los que el elegido pueda tener más dificultad para defender  y por eso cabe la renuncia fundada.  Pero nunca puede quedar el delincuente privado de su derecho de defensa, por horendo que sea el delito del que se le acusa.  Lo manda la Constitución Española, tantas veces invocada.

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